Esta medida representa un retroceso institucional que debilita la estructura del Estado. Muestra un claro conflicto de interés al ser la institución encargada de cuidar el ambiente la que es absorbida por el sector extractivo, afectando la capacidad de regulación, control y rendición de cuentas. Y pone en riesgo la calidad de los servicios públicos, especialmente en los territorios más vulnerables.

Preocupa especialmente que esta decisión supedite la política ambiental a intereses extractivos, lo que significa que las prioridades económicas podrían imponerse sobre la protección y conservación del patrimonio natural y los derechos de las comunidades. En una economía altamente dependiente de los servicios que brinda la naturaleza —como el agua, la fertilidad del suelo, la regulación del clima o la provisión de energía limpia— esto no sólo es ambientalmente riesgoso, sino también económicamente insostenible.

En Ecuador, la Constitución exige que los procesos de licenciamiento ambiental sean independientes, de alta calidad e íntegros, priorizando el bien común sobre los intereses particulares o corporativos. La figura de una institución que sea simultáneamente proponente y evaluadora (juez y parte) puede socavar la imparcialidad, la transparencia y el debido proceso (Art. 76 y 82 de la Constitución de la República). Esta independencia es crucial para aplicar eficazmente el principio de precaución (Art. 73) en actividades extractivas, las cuales pueden causar la extinción de especies, destrucción de ecosistemas y alteración permanente de ciclos naturales. La separación de funciones es indispensable para garantizar el derecho a un ambiente sano (Art. 14 y 395) y preservar la confianza pública en la gestión ambiental, asegurando que las decisiones se basen exclusivamente en criterios técnicos y científicos.

En este sentido, la legislación ecuatoriana establece parámetros para una gestión y control ambiental robustos, fundamentados en la separación de funciones para asegurar que la evaluación y aprobación de proyectos, especialmente extractivos, recaiga en una autoridad genuinamente independiente, con altos estándares técnicos y éticos. Esto es crucial para evitar que una misma institución sea "juez y parte", garantizando así la imparcialidad y la transparencia del proceso. Solo mediante esta independencia se puede asegurar la prevalencia del bien común, la protección efectiva de los derechos de la naturaleza (Art. 73) y la aplicación rigurosa del principio de precaución ante actividades con potencial irreversible sobre los ecosistemas. Este enfoque es indispensable para cumplir el espíritu y la letra constitucional.

Según el Informe de Planeta Vivo elaborado por WWF en 2024, más del 55 % de la economía mundial depende directamente de la naturaleza. En Ecuador, esto representa aproximadamente el 55% del PIB nacional, frente al 1% aportado por la minería y el 8% por el sector energético. Estos datos muestran que la economía ecuatoriana necesita más que nunca una institucionalidad ambiental sólida, autónoma y prioritaria. La falta de inversión en conservación de la naturaleza, acción climática y control ambiental también incrementa los costos que el Estado debe asumir para mitigar los efectos de la pérdida acelerada de biodiversidad, los efectos adversos al cambio climático, la contaminación y los crímenes ambientales.

Adicionalmente, la salida de 5.000 funcionarios y funcionarias desmantela las capacidades del Estado y ocasiona un conflicto social adicional con las familias afectadas.

Por eso, hacemos un llamado firme para:

• Preservar la autonomía técnica e institucional de la autoridad nacional ambiental.
• Mantener y fortalecer sus procesos actuales, como la gestión de áreas protegidas, restauración ecológica, acción climática y licenciamiento ambiental.
• Proteger el presupuesto destinado a la conservación de ecosistemas estratégicos, esenciales para la economía y bienestar del país.
• Asegurar procesos de control y licenciamiento ambiental independientes, con altos estándares técnicos y éticos, en correspondencia con las obligaciones del Estado.

Porque sin naturaleza no hay desarrollo, economía o futuro. Y la sostenibilidad no puede construirse debilitando su base natural.