El 18 de junio expertos de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas y Dirección Nacional de Desarrollo Forestal, ambas dependencias del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Unión Europea, Wildlife Conservation Society (WCS) y World Wildlife Fund (WWF) dialogaron sobre los desafíos, estrategias y políticas en relación a la problemática de tráfico de fauna silvestre y madera durante el conversatorio virtual “Conservación de la biodiversidad en Bolivia: asegurando la salud de los ecosistemas y las personas”. El evento fue organizado en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, iniciativa implementada por WCS y WWF en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y zonas de frontera con Brasil, con el apoyo de la Unión Europea.
Lilian Painter, Directora de WCS Bolivia, reflexionó sobre dos posibles caminos que marcarán el futuro de la humanidad post-pandemia: el cambio de paradigma en el que la conservación de los ecosistemas y la vida silvestre son parte esencial para mantener un mundo saludable, o priorizar el crecimiento económico por sobre la conservación de un planeta sano con consecuencias peores a las actuales.
Por su parte, Samuel Sangüeza, Director de WWF Bolivia, sostuvo que estamos viviendo las consecuencias de llevar al planeta más allá de los límites y que en este tiempo de COVID-19 hablar de biodiversidad y salud de los ecosistemas es muy importante pues la conexión entre el mundo natural y el ser humano pareciera no ser una de las preocupaciones.
Hacer frente al tráfico de fauna silvestre requiere la participación de todos
El tráfico de fauna silvestre afecta a diversas especies y diversos países, encontrándose entre las principales actividades del crimen organizado a nivel global. Según Rob Wallace, Director del Programa de Conservación Gran Paisaje Madidi de WCS, esta amenaza, sumada a la deforestación y otros factores, alteran los ecosistemas y la biodiversidad, creando escenarios propicios para el brote y transmisión de enfermedades zoonóticas como el coronavirus.
En este marco, la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques trabaja junto a instituciones gubernamentales nacionales y subnacionales, la Policía Forestal y de Medio Ambiente (POFOMA) y centros de rescate para digitalizar, sistematizar y centralizar la información oficial de tráfico de vida silvestre. Asimismo, se apoya el empoderamiento de organizaciones indígenas, guardapaques, empresas de turismo y municipios del norte de La Paz y el suroeste de Beni en la gestión de sus recursos y la formación de redes locales para frenar el tráfico de vida silvestre.
Mientras que desde el sector público, el Director General de Biodiversidad y Áreas Protegidas - MMAyA, Enzo Aliaga, destacó que Bolivia cuenta con instrumentos legales que buscan hacer frente a esta amenaza, reglamentar los centros de custodia, establecer procedimientos administrativos para la comercialización de especies sujetas al tráfico de vida silvestre acorde a lo establecido en CITES, así como normativas para el aprovechamiento de especies exóticas como el paiche y planes de manejo comunitario de vicuñas, entre otros.
“Uno de los casos más específicos de tráfico ha sido el de jaguares y la venta de sus colmillos al extranjero, resultando en muchas personas detenidas y 29 procesos vigentes. Cabe destacar, que la lucha contra el tráfico de vida silvestre no es un trabajo específico del gobierno, sino un esfuerzo conjunto que requiere la participación de toda la sociedad, tomando en cuenta que la fauna y biodiversidad son patrimonio del Estado y como boliviano/as tenemos la obligación de protegerlos y cuidarlos”, reflexionó Aliaga, haciendo un llamado a la población para evitar el “mascotismo”, el cual fomenta el tráfico de animales silvestres.
Promover la conservación de los bosques mediante el aprovechamiento sostenible, certificado y participativo
Jordi Surkin, Director de Conservación de WWF Bolivia, explicó que Bolivia es el cuarto país con la mayor pérdida de bosques, donde casi el 50 a 60% de la madera comercializada es de origen ilegal, evidenciando la problemática en toda la cadena productiva, desde su origen hasta la venta final. Hizo también mención a la debilidad institucional, la inadecuada valorización del bosque, la falta de incentivos y el poco involucramiento de la sociedad civil a pesar de que el 50% de los bosques están en manos de comunidades indígenas y campesinas.
Para responder a esta problemática, desde la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques se busca aportar en el control y la fiscalización mediante sistemas de certificación en base a instrumentos internacionales, el establecimiento de un marco normativo para el sector forestal, el fortalecimiento de esquemas de control y vigilancia, la inclusión de la sociedad civil en los temas forestales a través de incentivos, el reforzamiento de la institucionalidad para proteger los bosques y la conformación de mesas de diálogo con la sociedad civil para el debate de la problemática.
“El tráfico de especies maderables está relacionado con las de mayor valor comercial y la invasión de áreas protegidas. Las especies que principalmente se trafican son la mara (caoba) y el cedro. La mara ha sufrido una prohibición, pero no por eso ha parado el tráfico”, señala Dorys Villarpando, de la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal – MMAyA. Al respecto, esta entidad gubernamental busca proponer políticas públicas y normativas en el tema de bosques y plantaciones forestales, así como mediar y conectar las demandas del sector en la política y economía del país. Asimismo, para poder abordar la problemática del tráfico de madera, se requiere de la articulación institucional entre instancias gubernamentales, como la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Dirección Forestal, ABT, SERNAP, FONABOSQUE, Cámara Forestal, actores privados, ONGs, sociedad civil y autoridades académicas.
La Unión Europea como aliado en la conservación de la biodiversidad y bosques a gran escala
Para la representante de la Unión Europea en Bolivia, Francesa Majorano, la problemática del tráfico ilegal engloba factores ambientales, sociales y económicos y con la reciente crisis sanitaria por COVID-19, se hace más evidente la relación del comercio no controlado de animales silvestres y la transmisión de patógenos: “La Unión Europea tiene iniciativas específicas como el Plan de Acción Contra el Tráfico de Especies Silvestres y el programa FLEGT (Aplicación de Ley, Gobernanza y Comercio por sus siglas en inglés). Además, a raíz del actual contexto de COVID-19, la Unión Europea busca promover más el enfoque One Health o Una Salud, el cual reconoce que la sanidad humana y la de los ecosistemas están estrechamente relacionados”.
Según Majorano, la lucha contra el tráfico de vida silvestre se realiza mediante el fortalecimiento de capacidades y cooperación entre agencias de control y prosecución, asegurando que el comercio legal sea más regulado, controlado y restrictivo con mayor consideración de los riesgos sanitarios y considerando específicamente que el aprovechamiento y/o consumo a pequeña escala, es esencial para las comunidades locales e indígenas.
Lilian Painter, Directora de WCS Bolivia, reflexionó sobre dos posibles caminos que marcarán el futuro de la humanidad post-pandemia: el cambio de paradigma en el que la conservación de los ecosistemas y la vida silvestre son parte esencial para mantener un mundo saludable, o priorizar el crecimiento económico por sobre la conservación de un planeta sano con consecuencias peores a las actuales.
Por su parte, Samuel Sangüeza, Director de WWF Bolivia, sostuvo que estamos viviendo las consecuencias de llevar al planeta más allá de los límites y que en este tiempo de COVID-19 hablar de biodiversidad y salud de los ecosistemas es muy importante pues la conexión entre el mundo natural y el ser humano pareciera no ser una de las preocupaciones.
Hacer frente al tráfico de fauna silvestre requiere la participación de todos
El tráfico de fauna silvestre afecta a diversas especies y diversos países, encontrándose entre las principales actividades del crimen organizado a nivel global. Según Rob Wallace, Director del Programa de Conservación Gran Paisaje Madidi de WCS, esta amenaza, sumada a la deforestación y otros factores, alteran los ecosistemas y la biodiversidad, creando escenarios propicios para el brote y transmisión de enfermedades zoonóticas como el coronavirus.
En este marco, la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques trabaja junto a instituciones gubernamentales nacionales y subnacionales, la Policía Forestal y de Medio Ambiente (POFOMA) y centros de rescate para digitalizar, sistematizar y centralizar la información oficial de tráfico de vida silvestre. Asimismo, se apoya el empoderamiento de organizaciones indígenas, guardapaques, empresas de turismo y municipios del norte de La Paz y el suroeste de Beni en la gestión de sus recursos y la formación de redes locales para frenar el tráfico de vida silvestre.
Mientras que desde el sector público, el Director General de Biodiversidad y Áreas Protegidas - MMAyA, Enzo Aliaga, destacó que Bolivia cuenta con instrumentos legales que buscan hacer frente a esta amenaza, reglamentar los centros de custodia, establecer procedimientos administrativos para la comercialización de especies sujetas al tráfico de vida silvestre acorde a lo establecido en CITES, así como normativas para el aprovechamiento de especies exóticas como el paiche y planes de manejo comunitario de vicuñas, entre otros.
“Uno de los casos más específicos de tráfico ha sido el de jaguares y la venta de sus colmillos al extranjero, resultando en muchas personas detenidas y 29 procesos vigentes. Cabe destacar, que la lucha contra el tráfico de vida silvestre no es un trabajo específico del gobierno, sino un esfuerzo conjunto que requiere la participación de toda la sociedad, tomando en cuenta que la fauna y biodiversidad son patrimonio del Estado y como boliviano/as tenemos la obligación de protegerlos y cuidarlos”, reflexionó Aliaga, haciendo un llamado a la población para evitar el “mascotismo”, el cual fomenta el tráfico de animales silvestres.
Promover la conservación de los bosques mediante el aprovechamiento sostenible, certificado y participativo
Jordi Surkin, Director de Conservación de WWF Bolivia, explicó que Bolivia es el cuarto país con la mayor pérdida de bosques, donde casi el 50 a 60% de la madera comercializada es de origen ilegal, evidenciando la problemática en toda la cadena productiva, desde su origen hasta la venta final. Hizo también mención a la debilidad institucional, la inadecuada valorización del bosque, la falta de incentivos y el poco involucramiento de la sociedad civil a pesar de que el 50% de los bosques están en manos de comunidades indígenas y campesinas.
Para responder a esta problemática, desde la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques se busca aportar en el control y la fiscalización mediante sistemas de certificación en base a instrumentos internacionales, el establecimiento de un marco normativo para el sector forestal, el fortalecimiento de esquemas de control y vigilancia, la inclusión de la sociedad civil en los temas forestales a través de incentivos, el reforzamiento de la institucionalidad para proteger los bosques y la conformación de mesas de diálogo con la sociedad civil para el debate de la problemática.
“El tráfico de especies maderables está relacionado con las de mayor valor comercial y la invasión de áreas protegidas. Las especies que principalmente se trafican son la mara (caoba) y el cedro. La mara ha sufrido una prohibición, pero no por eso ha parado el tráfico”, señala Dorys Villarpando, de la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal – MMAyA. Al respecto, esta entidad gubernamental busca proponer políticas públicas y normativas en el tema de bosques y plantaciones forestales, así como mediar y conectar las demandas del sector en la política y economía del país. Asimismo, para poder abordar la problemática del tráfico de madera, se requiere de la articulación institucional entre instancias gubernamentales, como la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Dirección Forestal, ABT, SERNAP, FONABOSQUE, Cámara Forestal, actores privados, ONGs, sociedad civil y autoridades académicas.
La Unión Europea como aliado en la conservación de la biodiversidad y bosques a gran escala
Para la representante de la Unión Europea en Bolivia, Francesa Majorano, la problemática del tráfico ilegal engloba factores ambientales, sociales y económicos y con la reciente crisis sanitaria por COVID-19, se hace más evidente la relación del comercio no controlado de animales silvestres y la transmisión de patógenos: “La Unión Europea tiene iniciativas específicas como el Plan de Acción Contra el Tráfico de Especies Silvestres y el programa FLEGT (Aplicación de Ley, Gobernanza y Comercio por sus siglas en inglés). Además, a raíz del actual contexto de COVID-19, la Unión Europea busca promover más el enfoque One Health o Una Salud, el cual reconoce que la sanidad humana y la de los ecosistemas están estrechamente relacionados”.
Según Majorano, la lucha contra el tráfico de vida silvestre se realiza mediante el fortalecimiento de capacidades y cooperación entre agencias de control y prosecución, asegurando que el comercio legal sea más regulado, controlado y restrictivo con mayor consideración de los riesgos sanitarios y considerando específicamente que el aprovechamiento y/o consumo a pequeña escala, es esencial para las comunidades locales e indígenas.
