Palmarito de la Frontera, la comunidad que abrió la senda de la madera certificada

Posted on
25 noviembre 2021


(English below)

Tras un proceso que duró cerca de tres años, los habitantes de este pueblo chiquitano empezaron a obtener beneficios económicos gracias a un sello verde, que certifica un producto sostenible y amigable con el medio ambiente. Su ejemplo sirvió para que otras comunidades busquen el mismo objetivo.

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Germán Putaré Motoré y Mauricio Tomichá tienen 30 años. En sus espaldas está la responsabilidad de dirigir y representar legalmente a su Organización Forestal Comunitaria (OFC). Ambos son de Palmarito de la Frontera, una comunidad chiquitana del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) Monte Verde, que desde hace unos meses cuenta con certificación verde para vender madera.

Ambos jóvenes fueron elegidos para poner en orden documentos del plan de manejo forestal de 9.600 hectáreas que tiene su comunidad (hasta hace poco eran cinco mil). También deben firmar contratos notariados con empresarios, elaborar libros de actas y documentar cualquier información medible sobre su bosque. 

“Los árboles están censados. Cada uno tiene un número, placa, especie, sus medidas, su calidad”, dice Germán Putaré, presidente de la OFC. 

Tras un proceso que duró cerca de tres años, en junio de este año Palmarito consiguió la certificación verde como garantía de que realiza un manejo sostenible de sus recursos maderables en una parte de sus 16.500 hectáreas de territorio.

La certificación implica que existe un control y fiscalización –tanto a las comunidades como a las autoridades nacionales– de una explotación sostenible de una parte del bosque de Monte Verde, que en total tiene más de 947 mil hectáreas y 128 comunidades. 

Esa información pasa por distintas instancias hasta llegar a la Autoridad y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), instancia del Ministerio de Medio Ambiente. 

En esta parte del Bosque Seco Chiquitano, los comunarios trabajan con madera desde hace muchos años y están en la obligación de certificar sus planes de manejo, dice Ernesto Escalante, oficial forestal de WWF. La institución presta asistencia técnica y apoya el fortalecimiento de capacidades de los habitantes de Palmarito de la Frontera, Río Blanco y Cosorió Palestina puedan lograrlo.

“Para que la comunidad aproveche la madera, el Estado no necesariamente le pide la certificación verde. De hecho, ellos (los pueblos chiquitanos) ya la aprovechaban cuando entramos a apoyarlos. Sin embargo, las certificaciones les ayudan a ordenar su operación forestal como una guía por pasos. La Autoridad de Bosques monitorea y fiscaliza la extracción de madera, y el sistema de certificación es una herramienta para hacer más amigable ese monitoreo”, explica María del Carmen Carreras, responsable de Productos y mercados sostenibles de WWF.
 
Cada comunidad tiene un plan de manejo que define la superficie o porción anual de bosque a explotar durante 20 años. La certificación verde garantiza un manejo integral y responsable de los bosques, a través de una evaluación que elabora el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI), una iniciativa de la ABT. Dicho Sistema, asigna un puntaje a cada requisito cumplido y emite certificados: rojo, amarillo o verde.
 
Superando dificultades

Por eso, reunir requisitos administrativos para obtener la certificación es un reto para los comunarios, quienes no están acostumbrados a esas tareas. “Nos ha costado mucho”, admite Germán Putaré, para quien APCOB y WWF fueron vitales en la orientación y apoyo. De hecho, el primer directorio que tenía el mismo fin, no pudo conseguirlo.
 
“Cuando entramos (a la directiva de la OFC) hace tres años, no había control legal del manejo forestal, no estaban las actas y contratos notariados. No había seguimiento del POA (plan operativo anual) en la ABT ni de los informes. Eso fue lo más difícil, corregir todo lo que había dejado mal el anterior directorio. Cuesta aprender cómo funciona el sistema”, coincide Mauricio Tomichá, el otro dirigente.   
 
En ese mismo proceso están todavía las comunidades de Cosorió Palestina y Río Blanco. Gaspar Bailaba, de esta última, comenta que la falta de un documento hizo que les dieran sello amarillo y no el verde que solicitaban. “Nos dieron otra vez (el sello amarillo) y ya van como dos veces. Lo que nos ha fregado es la empresa (compradora) que no nos ha dado un documento, en eso hemos fracasado”. 
 
“Cuando comenzamos a apoyarlos, básicamente nos concentramos en el tema de madera porque habían sido evaluados por la Autoridad de Bosques y Tierras. La calificación de Río Blanco no era la esperada (para la certificación verde). ¿Eso qué significaba? Que tenían que mejorar y llenar algunos vacíos en el plan de manejo. Empezamos revisando los pasos para lograr la certificación, comparando esos pasos con los que ellos habían logrado, y llenando esos vacíos con capacitación y asistencia técnica”, dice María del Carmen Carreras, de WWF. Como Palmarito, Santa Mónica también obtuvo certificación verde hace poco.
 
En el campamento de aprovechamiento de madera, situado a 45 minutos de Palmarito en vehículo, todas las personas deben usar casco y ropa de seguridad. Son estrictos con la disposición de desechos y está prohibido utilizar carne de monte para la alimentación de los trabajadores. Además, las diferentes áreas están identificadas con señalética: “Cocina”, “Comedor”, “Depósito”, “Dormitorio”, “Desechos”, se observa. 

Al finalizar el aprovechamiento, deberán cumplir con una adecuada limpieza del lugar y el cierre de todos los accesos (caminos y sendas).
 
¿Qué implica todo esto?

Los beneficios de ese sello verde se pueden ver en la reducción del valor de patentes, el pago al 50 por ciento de los CFO (Certificados Forestales de Origen), la facilidad de demostrar la legalidad de la madera, acceso a créditos bancarios, agilidad en los trámites y el reconocimiento a nivel nacional.  

“La certificación es buena porque realza el nombre de las comunidades que están haciendo plan de manejo”, dice Moisés Masay, descendiente de chiquitanos procedentes de San Lorenzo de Lomerío y presidente de Cosorió Palestina.   

Sin embargo, quizá lo más importante sea la estabilidad económica de vender a un empresario que requiera madera certificada. “Las empresas requieren (comprar madera) con plan de manejo y certificación. Nos dicen que para su exportación es reconocido (ese sello) a nivel internacional, más si es comunidad indígena”, asegura Masay.
 
Aunque todavía cuentan con el sello amarillo, Anacleto Pinto explica que en Río Blanco, esa certificación “ha ayudado bastante para que se cumpla a cabalidad el compromiso del comprador”.
 
La senda abierta

Palmarito de la Frontera ha abierto una senda para que las demás comunidades puedan alcanzar la certificación verde. En Cosorió Palestina, 32 familias tienen un plan de manejo de 14.097 hectáreas en un territorio de 149.700 hectáreas. Aunque aún no ha logrado el preciado sello verde, está en el último año de explotación de la superficie aprovechable de su plan de manejo. 
 
¿Qué harán cuando termine ese plazo? 

Freddy Masaí, representante legal de la OFC, responde que es algo que se decidirá en una asamblea, pero sus expectativas están puestas en continuar con la explotación de madera.

“Queremos mejorar los trabajos de organización, el cuidado de especies, el campamento, incluso el patio de rodeo donde se almacenan los troncos. También en los materiales de seguridad para los trabajadores, (poner en orden los) documentos. Queremos mejorar para sacar una luz verde este año”, asegura.

En Río Blanco tienen similar pensamiento. Esta comunidad de 4.496 hectáreas tiene un plan general de manejo de 2.500 hectáreas. Ante necesidades apremiantes, los dirigentes gestionaron recientemente un plan de manejo pequeño de hasta 200 hectáreas, que está en pleno aprovechamiento.

En este caso, su necesidad inmediata es mejorar sus viviendas. Gaspar Bailaba Soqueré, presidente de la OFC de Río Blanco, cuenta que “(con el dinero) del manejo grande se compró ladrillos, y este (plan de manejo) chico es para cemento y techo”. 

Mejorar la vivienda significa tener construcciones de ladrillo y calamina, para cambiar sus techos de palmeras de motacú, un material muy inflamable en caso de incendios. 

Algo que sí ha conseguido la OFC de Río Blanco -enfatiza Bailaba- es ordenar su forma de manejo de bosque, desde el modo de gastar sus recursos hasta el manejo sostenible. “Una fortaleza (de la certificación es que) nos orienta a ordenar actividades, cómo se gastan los recursos, cómo manejar semilleros dentro del bosque, el trato hacia la vegetación, qué es lo maderable y qué es no maderable, el manejo forestal de los copaibos de las señoras. Saber manejar bien tanto lo que sale del bosque, como el dinero”.  
 
Para los más jóvenes, en cambio, la meta tiene un valor agregado: instalar una carpintería y/o un aserradero. Por eso, ocho de ellos fueron a Concepción para formarse en el oficio. “Para ya no vender (madera) en tronca, sino vender muebles”. Están seguros de que eso les dará un mejor precio.  
 
Visualizando oportunidades

Los ingresos del aprovechamiento anual de la madera cubren muchas necesidades colectivas. El año pasado el dinero se destinó para el mejoramiento de viviendas en Palmarito de la Frontera. “Compramos calaminas para todos, más o menos 200 mil bolivianos (alrededor de $us 29 mil) en calaminas. Además hemos conseguido la movilidad: un tractor, una desbrozadora, una chata. Hemos apoyado a los deportistas, también en educación y salud para la comunidad”, enumera Germán Putaré.

En general, el anhelo de los dirigentes de las OFC es la instalación de un aserradero, porque saben que vender tablones reportará mayores ganancias.

La gestión maderable ronda sin cesar en las mentes de los responsables de las OFC para innovar y probar nuevos caminos. Lo cierto es que en Palmarito de la Frontera, la certificación verde ha permitido a los habitantes conocer de cerca otras oportunidades. 

Luego de participar en la Feria Forestal de la Chiquitania, realizada en Concepción en agosto pasado, Mauricio Tomichá dice que vieron gran demanda de comercio interno y externo de la madera aserrada. “Creo que con el sistema de certificación que tenemos, el siguiente paso es ver cómo procesar la madera para aumentar los ingresos y las ganancias”, dice.

Con apoyo técnico de WWF también están comenzando a probar la fabricación de carbón vegetal, a partir de residuos leñosos que quedan en el área de aprovechamiento. 

El proceso está en plan piloto, pero es un paso importante en este lugar donde acarrear leña para la cocina demanda una caminata a lugares cada vez más lejanos, y almacenarla en época húmeda, es poco práctico. Ello sin contar que existe la posibilidad de vender el producto al mercado citadino, donde la demanda es grande. ¿Será ese el próximo paso de Palmarito de la Frontera? 

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Palmarito de la Frontera, the community that blazed the trail for certified timber

After a process that lasted about three years, the inhabitants of this Chiquitano town began to obtain economic benefits thanks to a green seal, which certifies a sustainable and environmentally friendly product. Their example served to encourage other communities to pursue the same goal.

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Germán Putaré Motoré and Mauricio Tomichá are 30 years old. On their shoulders is the responsibility of directing and legally representing their Community Forestry Organization (CFO). Both are from Palmarito de la Frontera, a Chiquitano community in the Monte Verde Original Indigenous Peasant Territory (OIPT), which for the past few months has had green certification to sell timber.
 
The two young men were chosen to put documents in order for their community's 9,600-hectare forest management plan (until recently it was 5,000 hectares). They must also sign notarized contracts with businessmen, prepare minute books and document any measurable information about their forest.

"The trees are registered. Each one has a number, a plaque, a species, its measurements, its quality," says Germán Putaré, president of the CFO.
 
After a process that lasted nearly three years, in June of this year, Palmarito obtained green certification as a guarantee that it is sustainably managing its timber resources on part of its 16,500 hectares of land.
 
The certification implies that there is control and supervision - both by the communities and the national authorities - of the sustainable exploitation of a part of the Monte Verde forest, which has a total of more than 947,000 hectares and 128 communities.
 
This information passes through different instances until it reaches the Authority and Social Control of Forests and Lands (AFL), an instance of the Ministry of Environment.
 
In this part of the Chiquitano Dry Forest, the community members have been working with wood for many years and are obliged to certify their management plans, says Ernesto Escalante, WWF forestry officer. The institution provides technical assistance and supports capacity building for the inhabitants of Palmarito de la Frontera, Río Blanco and Cosorio Palestina to achieve this.
 
"In order for the community to take advantage of the wood, the state does not necessarily ask for green certification. In fact, they (the Chiquitano villages) were already using it when we came to support them. However, the certification help them to organize their forestry operation as a step-by-step guide. The Forestry Authority monitors and oversees timber extraction, and the certification system is a tool to make that monitoring more friendly," explains María del Carmen Carreras, head of sustainable products and markets at WWF.
 
Each community has a management plan that defines the area or annual portion of forest to be exploited for 20 years. The green certification guarantees an integral and responsible management of the forests, through an evaluation elaborated by the Bolivian System of Forest Certification and Incentives (BSFCI), an initiative of the AFL. This system assigns a score to each requirement fulfilled and issues identified: red, yellow or green.
 
Overcoming difficulties

That's why meeting the administrative requirements for certification is a challenge for the community members, who are not used to such tasks. "It has cost us a lot," admits Germán Putaré, for whom APCOB and WWF were vital in providing guidance and support. In fact, the first board of directors, which had the same goal, was unable to achieve it.
 
"When we joined (the CFO board) three years ago, there was no legal control of forest management; the minutes and contracts were not notarized. There was no follow-up on the AFL's AOP (annual operating plan) or reports. That was the hardest part, correcting everything that the previous board had left wrong. It's hard to learn how the system works," agrees Mauricio Tomichá, the other leader.
 
The communities of Cosorio Palestina and Río Blanco are still in the same process. Gaspar Bailaba, from the latter, says that the lack of a document caused them to be given a yellow seal and not the green one they requested. "They gave us (the yellow seal) again, and it's been two times already. We failed since we were missing a document that is provided by the company (buyer)”.  
 
"When we started supporting them, we basically focused on the timber issue because they had been evaluated by the Forestry and Lands Authority. Rio Blanco's rating was not what we expected (for green certification). What did that mean? That they had to improve and fill in some gaps in the management plan. We began by reviewing the steps to achieve certification, comparing those steps with what they had achieved, and filling those gaps with training and technical assistance," says María del Carmen Carreras of WWF. Like Palmarito, Santa Monica also recently achieved green certification.

At the logging camp, located 45 minutes from Palmarito by vehicle, everyone must wear a helmet and safety clothing. They are strict with the disposal of waste and it is forbidden to use bushmeat to feed the workers. In addition, the different areas are identified with signs: "Kitchen", "Dining Room", "Warehouse", "Dormitory", "Waste”.

At the end of the work, they must comply with a proper cleaning of the site and the closure of all access (roads and trails).

What does all this implies?

The benefits of this green seal can be seen in the reduction of the value of patents, the payment of 50 percent of the FCO (Forest Certificates of Origin), the ease of demonstrating the legality of the wood, access to bank loans, speed in the procedures and recognition at the national level.
 
"The certification is good because it enhances the name of the communities that are making management plans," says Moisés Masay, a descendant of Chiquitanos from San Lorenzo de Lomerío and president of Cosorio Palestina.
 
Perhaps the most important, thing is the economic stability of selling to an entrepreneur who requires certified wood. "The companies require (to buy wood) with a management plan and certification. They tell us that it is internationally recognized for export, especially if it is an indigenous community," says Masay.
 
Although they still have the yellow seal, Anacleto Pinto explains that in Rio Blanco, this certification "has helped a lot so that the buyer's commitment is fully met”.

The open path

Palmarito de la Frontera has opened a path for other communities to achieve green certification. In Cosorio Palestina, 32 families have a management plan for 14,097 hectares in a territory of 149,700 hectares. Although it has not yet achieved the coveted green seal, it is in the last year of exploiting the usable area of its management plan.

What will they do when the deadline ends?
 
Freddy Masaí, legal representative of the OFC, responds that it is something that will be decided in an assembly, but their expectations are set to continue with the exploitation of wood.

"We want to improve the organizational work, the care of species, the camp, even the rodeo yard where the logs are stored. We also want to improve the safety materials for the workers, (put in order the) documents. We want to improve to get a green light this year," he assures.

In Rio Blanco they have similar thinking. This community of 4,496 hectares has a general management plan of 2,500 hectares. Faced with pressing needs, the leaders recently negotiated a small management plan of up to 200 hectares, which is being fully exploited.
 
In this case, their immediate need is to improve their houses. Gaspar Bailaba Soqueré, president of the Río Blanco CFO, says that "(with the money) from the big management plan they bought bricks, and this (small management plan) is for cement and roofing.
 
Improving housing means having brick and calamine constructions, to change their roofs of motacú palms, a very flammable material in case of fire.
 
One thing that the Río Blanco CFO has achieved," Bailaba emphasizes, "is to organize the way it manages the forest, from the way it spends its resources to sustainable management. One strength (of the certification is that) it guides us to organize activities, how resources are spent, how to manage seedlings within the forest, how to treat the vegetation, what is timber and what is non-timber, and how to manage the women's copaibo trees. Knowing how to manage both, what comes out of the forest and the money”.

For the younger ones, however, the goal has an added value: to set up a carpentry and/or sawmill. That is why eight of them went to Concepción to train in the trade. "To no longer sell (wood) in logs, but to sell furniture. They are sure that this will give them a better price”.

Visualizing opportunities
 
The income from the annual timber harvest covers many collective needs. Last year the money was used to improve housing in Palmarito de la Frontera. "We bought calaminas for everyone, more or less 200,000 Bolivianos (about US$ 29,000) in calamines. We have also obtained mobility: a tractor, a brush cutter, and a truck. We have supported the sportsmen, also in education and health for the community", says Germán Putaré.
 
In general, the desire of the CFO leaders is the installation of a sawmill, because they know that selling planks will bring more profit.
 
Timber management is constantly on the minds of those in charge of the CFOs to innovate and try new paths. What is certain is that in Palmarito de la Frontera, green certification has allowed the inhabitants to learn about other opportunities.
 
After participating in the Chiquitania Forestry Fair, held in Concepción last August, Mauricio Tomichá says they saw great demand for domestic and foreign trade in sawn timber. "I think that with the certification system we have, the next step is to see how to process the wood to increase income and profits," he says.
 
With technical support from WWF, they are also beginning to test the manufacture of charcoal from woody residues left in the area of use.
 
The process is being piloted, but it is an important step in this place where carrying firewood for cooking requires a trek to increasingly distant places, and storing it in the wet season is impractical, not to mention the possibility of selling the product to the city market, where demand is great. Will this be the next step for Palmarito de la Frontera?