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Resiliencia ante sequías e incendios forestales de las comunidades indígenas del territorio Monteverde

El desastre ecológico de 2019 en Bolivia dejó un gran aprendizaje en las comunidades chiquitanas afectadas. Aun entre las cenizas, los habitantes se levantaron, decidieron aprovechar oportunidades y tener bomberos voluntarios.

Una intensa helada fue el preludio de un incendio que devastó 3,9 millones de hectáreas en Santa Cruz, en 2019. De ellas, más de 258 mil hectáreas correspondían al Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) Monte Verde, situado a 400 kilómetros al noreste de Santa Cruz de la Sierra, uno de los más grandes de Bolivia y con un gran valor forestal, ya que está cubierto de bosques.

Aquella vegetación de pasturas y árboles ardió entre junio y octubre frente a los ojos de miles de personas alrededor del mundo que seguían el suceso por medios de comunicación y redes sociales. Fue la emergencia por fuego más grave de la última década en Bolivia, y también la más visibilizada.

Desde entonces, los habitantes del lugar aseguran que el fenómeno de la helada se ha repetido en 2020 y a finales de junio de este año.

“El monte está choco”, dice un vecino de la comunidad Río Blanco para describir el color amarillo de la vegetación tras la última helada. “Eso que está seco ahorita, es por la helada, no es natural”, coincide Ignacia Supepí. El paisaje es elocuente. Incluso la hierba alta está quemada por el frío, y a ello se suma una vegetación seca por otro fenómeno también usual en los últimos años: la sequía.
Árboles sin follaje, hojarasca cubriendo el suelo, arbustos y pasturas amarillentas. Monte Verde luce un paisaje triste hacia la mitad del año. Y su gente lo percibe. La helada de este año no solo afectó a la foresta; también arrasó con criaderos de abejas y plantines de viveros de tres comunidades.
“Había como cinco especies maderables (en los viveros), eran casi mil plantas de mara. Toditas se han muerto. De tarara amarilla, había unas 200 plantas, se han muerto. He estado plantando pura almendra que me han dado recién; de cuchi, tengo unas 200 plantas”, enumera Gerardo Supepí, encargado del vivero en Río Blanco. Lo mismo pasó en las comunidades Santa Mónica y El Rancho, a pesar de que hay una distancia grande entre una y otra.

El 30 de junio pasado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Bolivia reportó -1°C en San José de Chiquitos y 1.2°C en Ascención de Guarayos. En una región donde la temperatura media anual es de 25°C, el fenómeno climatológico no pasó desapercibido ni siquiera para los investigadores, quienes advirtieron de una posible nueva época de incendios, precisamente la que actualmente atraviesa el país.
 
Responder a la adversidad
Pero para los chiquitanos, el desánimo no es una respuesta, sino un llamado a la acción. Aún entre cenizas, los lugareños se levantaron y decidieron aprovechar la ayuda que llegó tras el desastre ecológico de 2019, como medio de recuperación, pero también de enseñanza: para que algo así no vuelva a suceder.

Ernesto Escalante, oficial forestal de WWF, cuenta que como institución se promovió la instalación de viveros en las comunidades y se dotó de paneles solares a las asociaciones de mujeres para la producción de aceites y derivados. También, equipos de seguridad y herramientas para los bomberos voluntarios que empezaron a formarse en cada comunidad, como una manera de prevención frente a posibles nuevos incendios.

Gracias a ello, a pesar de la afectación que dejaron las heladas en los viveros, es posible continuar con el proyecto para recuperar plantines. Con el tiempo, el objetivo es que estas comunidades puedan proveer diferentes especies maderables y no maderables a otras poblaciones, o comercializarlas. El primer obstáculo a superar es la intensa sequía que azota la zona; algo a lo que se está buscando solución.

Por ahora, se ha logrado recuperar especies frutales como: achachairú, mandarina y chirimoya, así como miles de germinados de café. Rolando Chuvé, presidente de la comunidad El Rancho, se muestra entusiasmado y dice que eso les permite apostar por la agroforestería.
Para WWF, la idea es que ellos continúen trabajando de forma autónoma, como lo hacen con éxito las mujeres, agrupadas en asociaciones de producción de aceites de cusi y copaibo.
 

Escasez de agua

La Chiquitania es una ecorregión que alberga al Bosque Seco Chiquitano, el bosque seco tropical más grande y aún mejor conservado de Sudamérica, uno de los pocos que quedan en el mundo. En los últimos años, esa condición climática de sequedad se ha profundizado a consecuencia de diversos factores, como los incendios forestales.
 
En Río Blanco, Mariela Bailaba dice con tono pausado, que el año pasado todas sus fuentes de agua se secaron. Ella y otras mujeres se vieron obligadas a lavar su ropa y la de sus familias en Concepción, el centro urbano más próximo que está a 65 kilómetros. Allí estos pueblos indígenas tienen una casa común para hospedarse.

La otra opción que encontraron como comunidad fue acudir a una mina de oro cercana que cuenta con un pozo, de donde sacaban agua para beber y cocinar, hasta que la asociación civil Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) tuvo que asistirlos con dotaciones del líquido para cubrir esa necesidad.

Esta institución y WWF apoyaron la perforación de un pozo para extraer agua del subsuelo y garantizar la provisión del recurso este año. Pero el agua se agotó en esta época seca, a mediados de agosto. Por ahora, explica Mariela, dos paúros (ojos de agua) sirven para aprovisionar a las familias, mientras que un pequeño atajado provee con riego al vivero.

Ambas fuentes de agua están bajo el cuidado de la población, que ha convenido no usarlos para el aseo personal, sino solamente para consumo, además de preservar la vegetación alrededor de ambos cuerpos de agua para garantizar que no se agoten. El agua para el ganado sigue siendo escasa.
 
Prevenir antes que lamentar

Si bien la helada y la sequía afectan la calidad de vida de las comunidades, su principal temor son los incendios. La memoria de los habitantes de Monte Verde recuerda vívidamente el siniestro de 2019. “Nosotros a veces ocho días no dormíamos (por combatir el fuego), sin dormir estábamos. Una hora, máximo, dormía un compañero para relevarse, más de dos meses le hemos tirado así, de ocho a diez días recién podía dormir un compañero, y a veces por el humo ni siquiera eso se podía dormir”, recuerda Anacleto Pinto, joven de la comunidad Río Blanco.

El pequeño hato de ganado con el que contaban algunas familias se redujo a su mínima expresión. Durante y después del incendio, la población en general, pero los niños en particular, sufrieron infecciones intestinales por falta de agua apta para el consumo, e irritación en los ojos por el aire contaminado. La vegetación también cambió. “Después del incendio han nacido otras plantas, ahorita por ejemplo no se puede casi caminar donde se ha quemado porque aparecieron bejucos con espinas que causan alergia al cuerpo”, dice Pinto.

Esa mala experiencia de 2019 llevó a la gente a buscar capacitación para prevenir y controlar incendios. Se formaron brigadas comunales de alerta temprana y se convocó a bomberos voluntarios para darles insumos y herramientas, de manera que puedan reaccionar de inmediato ante una alerta mientras llega la ayuda especializada.

“Nosotros estamos protegiendo harto (nuestros territorios) para que no haya incendios. Ahorita hay hartísimo combustible dentro del monte. Una chispa causaría un desastre inmenso. Hace dos semanas (en agosto) tuvimos harta humareda del municipio de Guarayos, que es vecino”, relata Anacleto Pinto, de Río Blanco. Este joven sueña con tener un dron para vigilancia, radios para comunicación interna y aplicaciones móviles para realizar un monitoreo más eficiente.

Actualmente, cuando surge una alarma de humo “de procedencia inexplicable”, él y otros muchachos deben ir hasta Concepción para buscar información satelital de la Autoridad y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) u otras oenegés que vigilan los focos de calor. Una vez allí, recién ubican el punto de calor y dan la alerta. Hasta entonces, el fuego puede tornarse incontrolable.

De confirmarse la emergencia, las brigadas comunales entran en acción. Zulema Barahona, coordinadora de proyectos de APCOB, explica que en las TIOC Monte Verde y Lomerío hay alrededor de una veintena de estos grupos en igual número de comunidades, cuyas acciones son preventivas. En ambos territorios indígenas, la gente está organizada para que sus tareas agrícolas con uso de fuego (chaqueo) se hagan de manera controlada. Para ello, cumplen con acuerdos internos que implican informar del hecho y programarlo en días en que no haya extremo calor ni fuertes vientos.
Para los chiquitanos, el uso del fuego como herramienta para la actividad agrícola de subsistencia es importante. Lo hacen de manera organizada, mediante la minga (trabajo colectivo). La figura consiste en que toda la comunidad ayuda a la familia que está realizando la tarea, para que las llamas no se descontrolen; luego los beneficiarios ayudan a otros, y así se van turnando entre todos.

Fundación SAR, la Gobernación de Santa Cruz y distintas oenegés se han sumado a la causa, para capacitar a bomberos comunales. WWF entregó ropa de seguridad y equipo antiincendios para que además de saber cómo reaccionar, puedan protegerse de forma adecuada. 

Resiliencia en las comunidades

En Santa Mónica, otra comunidad de la TCO Monte Verde, la gente recuerda los incendios de 2019 como una temporada en la que pasaron entre dos a tres meses sin dormir por combatir el fuego. Muchos lograron salvar sus viviendas, pero perdieron gran parte de los troncos derribados y apilados que tenían en su patio de rodeo –un claro abierto en el bosque–, producto del aprovechamiento anual de su plan general de manejo forestal. Es decir, madera destinada para la venta.   
“Esto generó pérdidas cuantiosas. Pero ya que se habían quemado los troncos, decidimos que se podían aprovechar”, dice Zulema Barahona.

Así surgió la idea de transformar aquellas piezas en señalética para las áreas destinadas al plan de manejo forestal. La carpintería de Santa Mónica se convirtió en el taller donde las troncas quemadas se volvieron soportes para escribir mensajes.
Ahora, al avanzar por los caminos de tierra que conducen a estas comunidades, se puede ver los letreros que informan sobre los bosques manejados en las comunidades Río Blanco, Cosorió Palestina, Santa Mónica, Palmarito de la Frontera y El Rancho. También mensajes que exhortan a evitar la tala y caza ilegal y el uso del fuego que origina los incendios forestales.

“Tratamos de ordenar nuestros espacios para que se vean mejor. Como tenemos la carpintería, decidimos señalizar todos los lugares donde hay puentes, curvas, el lugar del plan de manejo”, dice Silvia Pasabaré, quien a sus 28 años es miembro de la asociación de mujeres en su comunidad.
Si bien las pérdidas fueron altas para Santa Mónica, la producción de señalética y la fabricación de algunos muebles destinados a la venta ayudó a paliar el mal momento. “Las personas no veían un defecto en el borde quemado (de la madera), sino más bien la capacidad de resiliencia frente a eventos devastadores”, cuenta Barahona.

En todos estos casos, ni los incendios ni la sequía ni el cambio climático con sus eventos adversos, han llevado a los comunarios a considerar el abandono de su hogar en el TIOC Monte Verde. Pese a que los jóvenes deben salir a estudiar a los centros urbanos cercanos -Concepción, San Xavier o Guarayos- muchos de ellos ya forman parte de la dirigencia y empezaron a proyectar actividades productivas que están poniendo en marcha. Las mujeres, organizadas en asociaciones, también impulsan sus propios proyectos para garantizar su independencia y empoderamiento dentro de su hogar. Los hombres también avizoran proyectos productivos y, entre todos, están dispuestos a seguir cuidando el extenso Bosque Seco Chiquitano.