Actores del Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil dialogaron sobre Tráfico Ilícito de Madera

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17 junio 2022


Rurrenabaque, junio, 2022.- El pasado 2 de junio, en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y Bosques que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, WWF y la Asociación Forestal Indígena Nacional (AFIN), invitaron a distintos actores del sector público y de la sociedad civil, al conversatorio sectorial sobre Tráfico Ilícito de Madera, que se llevó a cabo en instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque, en el Departamento de Beni, con el objetivo de abordar el tema del tráfico ilícito y la piratería de madera en la Amazonía boliviana, región denominada Norte de La Paz que comprende los municipios de Ixiamas, San Buenaventura, y Rurrenabaque, principalmente.

Los representantes de las instituciones públicas que estuvieron presentes, como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el Corregimiento, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) – Pilón Lajas, el Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque, el Regimiento de Infantería RI 36, entre otros, señalaron los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de madera, pero también remarcaron las debilidades institucionales que tienen para hacer cumplir la ley en un amplio territorio.

Los representantes de organizaciones de la sociedad civil, como el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) demandan el apoyo y fortalecimiento del sector forestal en la región, aunque reconocen que la actividad de tala ilegal aumento como resultado de la necesidad económica de los pueblos y las autorizaciones de desmontes en superficies menores. Por su parte, la Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (FESPAI), la Federación Intercultural de Mujeres Productoras de Abel Iturralde (FESMAI), y la Federación de Campesinos del Municipio de Rurrenabaque (FECAR), ejercen una fuerte presión social para trabajar la tierra en el marco de la recuperación económica y la seguridad alimentaria.

Hay actividad forestal en nuestro país, tanto a nivel de agrupaciones sociales, como comunidades indígenas que desarrollan manejo forestal y que, desde nuestro punto de vista, requieren fortalecer esa capacidad productiva que tiene el bosque”, menciona Ernesto Escalante, Oficial Forestal de WWF-Bolivia.

Escalante remarca que las políticas del Estado deberían apoyar el fortalecimiento del manejo forestal, el desarrollo productivo de comunidades y pueblos indígenas a partir del bosque, y los procesos agrícolas responsables, respetando las capacidades de uso de suelo, para ir recuperando tierras boscosas que se han perdido en esta última década.

Por su parte, el gerente de AFIN, Rolando Vargas, comenta que, en los últimos tres años, se ha incrementado de manera significativa la tala y tráfico ilegal de madera en la región, colocando en tela de juicio la legalidad de las organizaciones forestales comunitarias y de las agrupaciones sociales del lugar, que han optado por trabajar de manera legal con la ABT. Además, esta actividad ilícita afecta directamente a los medios de vida de aquellas comunidades que tienen planes de manejo forestal de los bosques.

El diálogo ha permitido que los participantes den su punto de vista para conocer, a través de su experiencia, cuáles son esos elementos que permiten que el tráfico ilegal de madera sea una realidad, y ver qué nuevos esquemas y modelos se podrían trabajar para hacerle frente a esta problemática. Las pautas iniciales apuntan a la necesidad de buscar la articulación de los actores institucionales, de las organizaciones sociales y usuarios del bosque para diseñar una estrategia frontal de combate a la tala y tráfico ilícito de madera. Mayor involucramiento social para coadyuvar en las estrategias de control y vigilancia del bosque y demandar el cumplimiento de la ley, además de generar incidencia para el desarrollo forestal de la región.